Este jueves 2 de noviembre, el presidente ruso Vladimir Putin ha firmado la ley por la que se revoca la ratificación de Rusia del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCE). Dicha ley anula el artículo 1 (sobre la ratificación) de la ley de 2000 que Rusia aprobó para ratificar el Tratado y delinear su cooperación con el Sistema Internacional de Vigilancia y la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares.
El Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, adoptado en 1996, es el primer tratado internacional que prohíbe todos los ensayos nucleares. Un total de 187 estados lo han firmado y, con la nulidad de Rusia, a día de hoy son 177 los que lo han ratificado. Sin embargo, el Tratado aún no ha entrado en vigor. Para ello, además de Rusia, deberían ratificarlo los otros ocho países que poseen armamento nuclear: China, la República Popular Democrática de Corea, Egipto, India, Irán, Israel, Pakistán y Estados Unidos.
Tal y como recuerda la Campaña Internacional para la Prohibición de las Armas Nucleares (ICAN), el único tratado internacional actualmente en vigor que prohíbe categóricamente los ensayos nucleares es el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN).
Responsabilidades como Estado Signatario
Fue el pasado viernes, 6 de octubre, cuando el Presidente Putin afirmó que, en lo relativo al TPCE, consideraba adecuado “reflejar la actitud de Estados Unidos”, que ha firmado pero no ratificado el Tratado y, por tanto, revocar la ratificación de Rusia.
Como signataria del Tratado, Rusia aún conserva la responsabilidad de no participar en ningún comportamiento que vaya en contra del objeto y fines del mismo, según el artículo 18 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
Los ensayos nucleares han tenido consecuencias humanitarias y ambientales devastadoras en todo el mundo. Los cientos de ensayos nucleares realizados por la ex Unión Soviética en el Ártico y en toda Europa oriental y Asia dejaron un legado de trauma médico, psicológico y socioeconómico, desplazamiento de pueblos indígenas y contaminación del medio ambiente con radiación para las generaciones venideras.
La directora ejecutiva de ICAN, Melissa Parke, ha condenado la medida, que califica de «irresponsable». Parke ha insistido en que “los tratados internacionales, incluidos el TPCE y el TPAN, son fundamentales para garantizar que no se reanuden los ensayos nucleares que han dañado la salud de las personas y propagado una contaminación radiactiva duradera» y a exhortado a todos los países que no se han sumado al TPCE y al TPAN a «hacerlo con carácter de urgencia”.