En marzo de 2021, el presidente del gobierno Pedro Sánchez presentó la Política Exterior Feminista (PEF) como “una herramienta clave para afrontar los retos globales”. Con ella, España se sumaba a la nueva tendencia en política internacional, iniciada por Suecia en 2014 y que, a día de hoy, ya ha sido secundada por otros 10 países y daba respuesta a las demandas históricas de organizaciones feministas internacionales de evidenciar las dinámicas de género existentes en la política exterior.
Si bien la propia definición de en qué consiste una PEF, por qué los estados las adoptan y con qué fines, forma parte del debate feminista alrededor de este fenómeno, todas las PEF apuestan por incorporar y transversalizar la perspectiva de género en la política exterior, promoviendo así un enfoque de seguridad basado en los derechos humanos. Algunos países van más allá en la formulación y mencionan la importancia de que esta política sea coherente con todas las áreas de su política exterior. Este es el caso de España, cuya PEF incide específicamente en eliminar el trabajo aislado y en promover la coherencia en todas las áreas de política externa e interna del país.
Uno de los retos globales actuales que resulta especialmente difícil alinear con dichas política es la escalada de la militarización. Resulta complicado justificar el reciente aumento del gasto militar, o la compra y venta de armas en relación a las actuales guerras. Sin ir más lejos, España, a diferencia de otros países con PEF, sigue sin oponerse oficialmente a la existencia de las mayores armas de destrucción masiva jamás creadas y usadas por el ser humano: las armas nucleares.
La amenaza nuclear, de hecho, es hoy en día más alta que nunca, con el Reloj del Apocalipsis apuntando por segundo año consecutivo a los 90 segundos para la medianoche debido a las amenazas que suponen guerras como la de Ucrania o Gaza, y el aumento de las cabezas nucleares existentes, que ya se encuentra en 12.700, o los riesgos derivados de la crisis climática y las posibles aplicaciones de la inteligencia artificial.
La existencia de las armas nucleares ha sido una cuestión feminista desde sus inicios. Hay una relación específica entre la tenencia de armas nucleares y el poder, así como la red de símbolos masculinos que éstas vehiculan. Además, tanto el uso como el testeo de estas armas ha tenido impactos de género y ha afectado a mujeres y niñas, en muchos casos miembras de comunidades indígenas o minorías étnicas, de formas específicas tanto a nivel directo (consecuencias físicas de las detonaciones nucleares) como indirecto (el estigma generado socialmente al ser víctima o la responsabilidad de cuidar a otras víctimas). Por estas razones, y por el clima de inseguridad internacional al que contribuyen estas armas por el temor a su uso, el movimiento feminista pacifista ha reclamado históricamente su abolición.
En España, concretamente, no podemos pasar por alto el rol de organizaciones feministas pacifistas como la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad-WILPF España, que lleva años abogando por el desarme universal, o la recientemente creada Alianza por el Desarme Nuclear, conformada por más de 60 entidades de la sociedad civil, y que cuenta con el respaldo de la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN), Premio Nobel de la Paz 2017.
El fin de las armas nucleares es actualmente viable debido a la existencia del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares (TPAN), adoptado en 2017. El tratado, que se suma a los recientes avances en materia de desarme humanitario, incluye una perspectiva feminista interseccional, reconociendo los distintos impactos de género de dichas armas y su testeo, y la obligación de implementar la transversalización de la perspectiva de género en la asistencia a las víctimas, entre otros. Sin embargo, aunque el TPAN cuente con un amplio número de estados miembro, (93 estados han firmado el tratado y 70 lo han ratificado), aún existen muchos estados que resisten. Este es el caso de España que, a día de hoy, aún no lo ha firmado.
Aunque España, como otros países europeos no firmantes del TPAN, se resguarde en su participación en la OTAN para no firmar este tratado, no existe ningún compromiso con esta institución que impida la firma del TPAN. De hecho, no solo la firma de este tratado es viable según el Código Penal español, sino que también lo es según el acuerdo de adhesión de España a la Alianza Atlántica, en el que se prohíbe instalar, almacenar o introducir armas nucleares en territorio Español.
En consecuencia, nos encontramos ante un escenario en el que adherirse al TPAN no solo es aceptable bajo la ley española, sino que también es deseable según la Política Exterior Feminista del país. No firmar el tratado es faltar a la promesa de otorgar coherencia a la PEF, y de transversalizarla en todos los ámbitos de su política exterior. Este hecho no solo resulta en inconsistencias a nivel de credibilidad y posicionamiento del país en cuanto al feminismo que practica y los espacios en los que lo hace, sino que también promueve el apoyo a un enfoque de seguridad basado en la competición, el rearme, y la disuasión, que poco o nada hace para promover la seguridad humana de las mujeres y todas las minorías, así como su inclusión en la política internacional. Es más, no firmar el TPAN teniendo una PEF supone ampliar la jerarquía conceptual en que históricamente se ha priorizado dar espacio a cuestiones de seguridad nacional por delante de cuestiones como la igualdad, la justicia social y la preservación de los derechos humanos.
¿Acaso no merecen las mujeres, hombres, niñas y niños víctimas de los ensayos y ataques nucleares vivir con la certeza de que nunca más se realizarán detonaciones en su territorio? ¿No merecemos contar con una amenaza de destrucción del planeta menos, mientras continuamos el camino hacia la promoción de una seguridad que se centre en cuidar la vida y promover los derechos humanos?
Ante este escenario, resulta inevitable preguntarse si la PEF de España tiene realmente un potencial transformador y de cambio, o si, con este documento, tan solo se busca mostrar lo comprometido que está el país con la igualdad, sin realmente generar cambios explícitos en sus prioridades.