Con motivo de la celebración este 5 de marzo del Día Internacional para Concienciar sobre el Desarme y la No Proliferación, un grupo de expertos independientes de las Naciones Unidas ha realizado una declaración en la que instan a los Estados miembros a firmar el Tratado de Prohibición y a hacer frente al legado nuclear.
“Desde el Pacífico hasta Asia Occidental, desde Asia Central hasta el Norte de África, el legado de los ensayos nucleares sigue siendo un problema mundial con implicaciones de gran alcance para los derechos humanos, cuyas consecuencias a escala mundial han sido bien documentadas. Estos ensayos son también un doloroso recordatorio de un pasado colonial, con repercusiones locales en territorios indígenas y no autónomos”, afirman.
Los expertos han recordado el 70º aniversario de la prueba nuclear Castle BRAVO en el atolón de Bikini, en las Islas Marshall, la primera de las 67 armas nucleares que, entre 1946 y 1958, Estados Unidos probó en las Islas Marshall, mientras estaban bajo administración fiduciaria de las Naciones Unidas, cuyo impacto ya fue reconocido por el Consejo de Derechos Humanos en su resolución 51/35: “los desechos nucleares tóxicos y la radiación y contaminación nucleares de hace decenios siguen repercutiendo negativamente en los derechos humanos de la población de las Islas Marshall, incluidas las personas pertenecientes a comunidades desplazadas” y en una amplia gama de sus derechos humanos, incluidos sus derechos a un medio ambiente limpio, sano y sostenible, a la vida, la salud, la alimentación, la vivienda, el agua y sus derechos culturales.
Asimismo, este grupo de expertos ha recalcado el impacto desproporcionado de los ensayos y la posterior exposición a la radiación y residuos nucleares sobre las mujeres y las niñas “que sigue repercutiendo negativamente en los derechos humanos de las generaciones presentes y futuras” así como a la conexión del desarme con los esfuerzos por un desarrollo sostenible: “La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo también recuerda a los Estados que deben hacer todo lo posible para lograr el desarme general y completo”. En este sentido, recuerdan, “deben establecerse garantías de no repetición de estas pruebas, así como mecanismos de verdad, rendición de cuentas y reparación por el legado de violaciones de derechos humanos que siguen sin abordarse”.
Día para el recuerdo… y la movilización: urge firmar el TPAN
En un contexto de escalada nuclear, y coincidiendo con el Día Internacional del Desarme y la No Proliferación, estos expertos ponen el foco en la necesidad de realizar una reflexión global y de movilización. “En un momento en el que se almacenan cerca de 13.000 armas nucleares, en un mundo caracterizado por la proliferación de conflictos a escala mundial -en algunos de los cuales están implicadas potencias nucleares-, recordamos los reiterados llamamientos en favor de un desarme general y completo”.
La vía para avanzar hacia ese desarme pasa inequívocamente por el TPAN: “el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares de 2017 señala el camino a seguir para abordar los retos duraderos del legado nuclear. Instamos a los Estados a apoyar el Tratado y sus disposiciones humanitarias para la asistencia a las víctimas, la reparación del medio ambiente y la cooperación internacional […] debemos abrazar el desarme y la no proliferación para garantizar los derechos humanos para todos y un futuro sostenible.”
*Firman la declaración: Marcos A. Orellana, Relator Especial sobre tóxicos y derechos humanos; Pedro Arrojo-Agudo, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento; Surya Deva, Relator Especial sobre el derecho al desarrollo; David R. Boyd , Relator Especial sobre derechos humanos y medio ambiente; Fabian Salvioli, Relator Especial sobre verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición; Livingstone Sewanyana, Experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo; Dorothy Estrada Tanck (Presidenta), Claudia Flores, Ivana Krstić, Haina Lu y Laura Nyirinkindi, Grupo de trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas; Balakrishnan Rajagopal, Relator especial sobre el derecho a una vivienda adecuada; Gaviria Betancur, Relator especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos.